Revocan sentencia contra El Nuevo Cronista por la publicación de una noticia policial

Claudio Fabian Guevara . Publicado en Judiciales 2 Sin comentarios

El medio había sido condenado por difundir un parte policial sobre la detención de dos vecinos en un procedimiento antidrogas. La Cámara de San Martín estimó que no se probó el obrar antijurídico de “El Nuevo Cronista” y la responsabilidad que se le achaca.


El 4 de junio de 2001, en una columna de policiales se informó sobre un procedimiento que se había realizado en la vía pública como consecuencia del cual habían sido detenidos dos vecinos de la ciudad por comercializar estupefacientes. La columna se había redactado a partir de lo informado por el SIP 24 (Servicio de Información Policial).

Con posterioridad a ese procedimiento, la justicia federal absolvió a uno de los dos vecinos. Este inició una acción de daños y perjuicios contra la provincia de Buenos Aires y tres medios gráficos de la ciudad. El 27 de diciembre de 2012 el juez Laserna condenó sólo a El Nuevo Cronista y a la provincia de Buenos Aires a abonar –cada uno– 12 mil pesos en concepto de daño moral al accionante.

En su sentencia Laserna entendió que, al no especificarse la fuente en que se basaba la noticia, el medio la “hizo propia”, y no había cumplido con el estándar “Campillay” a la hora de informar.
Juan Manuel Uncal –patrocinante de El Nuevo Cronista en la acción– apeló ante la Cámara Contencioso Administrativa y cuestionó que el magistrado se haya sujetado a “Campillay” a la hora de evaluar la conducta del medio y no haya tenido en cuenta la llamada doctrina de la real malicia.

La apelación de Uncal tuvo acogida favorable en la Cámara de San Martín, y la semana pasada Uncal fue notificado que se resolvía revocar parcialmente la sentencia, rechazando la demanda promovida contra El Nuevo Cronista.

Los camaristas recordaron que en la doctrina “Campillay” la Corte Nacional fijado como estándar en la materia que cuando un órgano periodístico difunda una información que puede rozar la reputación de las personas, para eximirse de responsabilidad debe hacerlo “atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito”.

Luego sostienen que “la doctrina de la “real malicia”, tal como lo señalara, ha sido elaborada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta doctrina surgió con el fin de proteger a la prensa de las demandas de los funcionarios públicos, afectados en su honor por informaciones que no se ajustaban a la verdad Se dispuso como regla, entonces, que estos sujetos no podrían obtener indemnizaciones por la publicación en la prensa de informaciones falsas, a menos que el afectado probase que fueron publicadas a sabiendas de su falsedad, o con total despreocupación acerca de si aquellas eran falsas o verdaderas”.

►Real malicia

Luego de analizar las constancias de las noticias publicadas en los distintos medios y compararlas entre sí y con el parte policial emitido por el SIP 24, el fallo recuerda que que, antes de avanzar en el examen de la responsabilidad civil achacada al medio periodístico, debió haberse analizado si era aplicable al caso la doctrina de la “real malicia”. Ello, en virtud de que los hechos ventilados en una situación vinculada al narcotráfico, trascienden lo individual e importan una situación de marcado interés público”, ya que “la corrupción conectada con tal actividad delictiva se encuentra enquistada en gran parte de los estratos gubernamentales y se vuelve imprescindible que los ciudadanos tomen conocimiento” mediante la opinión pública.

“El principio de real malicia no opera en función de la verdad o falsedad de las expresiones”, continúa la Cámara. “Lo que es materia de discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico tuvo de esa falsedad”.

Razonado ello, el fallo sostiene que la conducta de El Nuevo Cronista debió ser analizada a la luz de la doctrina de la “real malicia”. Atento a esto sostiene que el actor no probó el obrar antijurídico de “El Nuevo Cronista” y la responsabilidad que se le achaca. “Por el contrario –sostiene– resulta de las probanzas arrimadas que la fuente de la crónica publicada por el referido codemandado consistió en un comunicado emanado de una dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se dedicaba a la difusión de noticias a los medios de prensa, denominada SIP 24” y afirma: “Si bien el hecho en sí ocurrió, es decir, la detención del actor por averiguación de antecedentes en el marco de un procedimiento antinarcóticos, la versión difundida por la repartición antes mencionada resultó ser inexacta”.

Y abunda: “El hecho de que la noticia publicada por el periódico demandado se trate de un flash informativo y constituya un resumen del comunicado fuente, no afecta su calidad ni naturaleza. El título, si bien puede apreciarse como formalmente distinto, resulta sustancialmente concordante con el que posee la fuente (“Vendían droga”, en el primer caso; “Caen distribuidores de droga”, en el segundo) e, incluso, puede decirse que en cierto modo morigerado en su impacto mediático, en tanto el original le asigna una escala mucho mayor. Asimismo, el contenido de la noticia refleja los datos esenciales obrantes en el comunicado policial”, sostienen el camarista preopinante. “Además, advierto verosímil la alegada imposibilidad de constatar dicha veracidad y exactitud de manera previa a la publicación de una noticia tan trascendente para la comunidad, ya que el comunicado fue realizado en un día inhábil –domingo–, impidiendo su confronte con las actuaciones judiciales iniciadas a raíz del hecho delictivo ventilado en autos.”

Y cierra: “Estimo, además, que la circunstancia de que la noticia en cuestión haya sido divulgada prácticamente en simultáneo por los otros diarios zonales aquí demandados y compartiendo la fuente, opera en favor del accionado”.

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