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“El problema de la inseguridad no son los chicos”

Así lo expresó Marcelo Giacoia, titular del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Judicial Mercedes • Dijo que las estadísticas no muestran un gran peso de menores en hechos delictivos.

Hacia finales del mes de enero el director de Seguridad de la municipalidad de Mercedes, Esteban Rossi, señaló que había una gran preocupación por la participación de menores en hechos delictivos. A raíz de esto se realizó una reunión con representantes de los distintos organismos que se refieren al tratamiento de los menores y hasta se habló de la implementación de una ordenanza sancionada en el 2004 en la que se prevé la sanción a padres por el accionar delictivo de los chicos.

Además, se indicó que la participación de jóvenes en hechos delictivos estaba en aumento, aunque no se precisaron cifras.

Este tema fue motivo de varios cruces entre diversos actores de la comunidad. Es por ello que fue consultado el titular del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Judicial Mercedes, doctor Marcelo Giacoia, para que brindara luz sobre este tema.

En primer lugar, el magistrado resaltó que “la prevención de la delincuencia no se logra exclusivamente con el sistema penal” y “que la política criminal jamás puede reemplazar una política social”. En este sentido, explicó que “con estas premisas, la política pública en materia de jóvenes debe proteger el desarrollo integral de ellos. El tema es ponerle contenido a esa protección especial. Y esto no significa que con los pibes que cometan un ilícito no pase nada. Pero sí debe pasar respetándose las nuevas reglas de juego: los pibes son sujetos de derecho, ergo se deben de respetar sus derechos y garantías en todo tipo de proceso en los cuales se vean involucrados. Creo que se confunden estas cuestiones”.

Pasos importantes

Una cuestión que destacó el letrado fue el proceso que se debe realizar cuando se presume la participación de un menor en un hecho delictivo. Y no solo de la probatoria de la comisión del hecho, sino también del accionar del Estado frente a este tipo de situaciones.

“Si voy a hablar de que un chico está involucrado en un hecho delictivo debo demostrar el hecho, y la participación de éste. Sin estas dos cuestiones previas no puedo hablar de ningún otro tipo de intervención del Estado. Esto pareciera que no se entiende”, manifestó.

Giacoia hace referencia a que a menudo, ante la participación de un menor en hechos delictivos, las fuerzas de seguridad omiten realizar todas las diligencias procesales necesarias para probarlo debido a la presunción de que “por ser menores, entran por una puerta y salen por la otra”. Pero el juez recalca que esos pasos son necesarios, porque de otra manera todo lo previsto por la ley para contener a menores que delinquen, no se puede aplicar porque faltan pruebas.

Giacoia recordó que la ley que establece el sistema de responsabilidad penal juvenil es complementaria a la ley de la protección de derechos. “Sucede que, como en todo proceso de transición, hay prácticas que responden al viejo modelo, otras que se entremezclan con el nuevo. Pero sea como sea, lo que hay que entender es que son sujetos de derecho. A partir de este concepto básico se deben realizar las intervenciones”, enfatizó.

A la vez, el juez cuestionó: “Es mentira que no se puede hacer nada porque un chico es no punible. Es un error conceptual muy grave, y muy escuchado a nivel policial. El Estado tiene que intervenir, pero no de la forma que se le plazca. Dentro del marco de la protección especial hay que trabajar con las reglas que establece el nuevo modelo de intervención” y agregó que se tiende a “parcializar” la situación. “Cuando un menor participa en un ilícito se toma a partir de que el pibe llegó a esta situación, pero no lo que pasó antes. ¿Qué es lo que se hizo desde el servicio de formación y protección, del servicio zonal y demás equipos? Son primeros aspectos básicos que muchos se están olvidando” cuestionó.

Arduo trabajo

Como señalara Giacoia, la actual legislación –si bien no está en discusión – requiere de estudio y de aplicación de forma conciente. “Tenemos que trabajar en ponerle contenido a esto de la protección especial: si hay una situación de vulneración de derechos hay que trabajar para repararla; pero también si hay una situación de conflicto penal –que ya la demostré –hay que trabajar con el chico para que entienda que lo que hizo tiene consecuencias”. Y añadió: “Un proceso tiene que haber, sea punible o no punible; para después ver qué tipo de intervenciones hay que generar. En lo particular entiendo que no solo hay que reparar sino también trabajar con las consecuencias del hecho que demostré previamente que él hizo. De otra manera, le creas al pibe un concepto de que si hace las cosas no pasa nada”.

Para el juez es sumamente importante el trabajo sobre la vulneración de los derechos del joven. “Hay muchos pibes que atraviesan situaciones familiares muy fuertes y complejas, y que no fueron atendidas debidamente en su momento. Entonces, obviamente que hoy aparecen las consecuencias. Hay que trabajar causa y consecuencia. Y me parece que es lo que se está perdiendo”, indicó. “Muchas veces se encuentran familias con situaciones muy complejas, desintegradas, con situaciones de violencia. Eso aumenta muchísimo las posibilidades de que un pibe cuando sea grande repita esas conductas y sean propensos a la violencia en general. Se tiene que trabajar con estas cuestiones estructurales”.

En tanto, manifestó que la actuación del Estado en un estadio más temprano en el menor debería darse a través de la intervención de los organismos especializados que reciben las denuncias sobre el tema. “Puede ser desde la escuela, los vecinos, prevención de trabajos barriales y comunitarios. Esas cosas se saben, se ven. Y hay obligación de denunciar”, dijo a la vez que opinó: “Después si los organismos que reciben la denuncia intervengan bien o mal es otra cuestión. Pareciera que hay soluciones muy mágicas a cómo resolver la cuestión de la seguridad y no es así. Este planteo de mano dura no responde ni por asomo al problema central que es la familia, la educación, el trabajo y demás”.

Estadísticas

Giacoia expresó su punto de vista sobre este cuestión en la resolución de un expediente en el que pidieron intervención por un grupo de chicos de la ciudad, a quienes se los vincularía con hechos delictivos, para la adopción de una medida de protección de derechos. En su resolución, Giacoia resaltó la necesidad de que se pruebe esta participación. “Hay que tener en cuenta que si un pibe comete un delito, no va a ser sancionado jamás como un adulto; un pibe menor de 16 años no va a ser pasible de sanción penal pero esto no significa que no haya ningún tipo de intervención del Estado”. El juez recordó que la medida de restricción de la libertad de un menor es una medida excepcional, si el delito es muy grave y es algo extremo.

Además, expresó que “el problema de la inseguridad no son los chicos. Creo que no se debe concentrar la atención en lugares donde no hay que concentrarla” y respecto de las estadísticas de la intervención de menores en delitos indicó: “Durante el año pasado en este Juzgado se presentaron detenidos 13 chicos en toda la zona y ninguno era de Mercedes. Hay una cuestión de estadística que creo que hay que estudiarla un poco más. Difiere mucho la realidad de la calle con la que uno tiene en el Juzgado, parece. Entonces, hay algo que habría que sentarse a discutir”.

Finalmente, remarcó la necesidad de una mayor capacitación en todas las áreas respecto de esta legislación. Y anticipó que le habrían informado que el municipio designará un operador que va a trabajar con los menores en los barrios. “Es un trabajo distinto a lo que se ha hecho hasta hoy, y a lo mejor da resultados”, expresó.